¿900 MILLONES DE €? NO, GRACIAS.

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Recientemente salió a la luz pública el “Anteproyecto de Ley de simplificación, de agilidad y reestructuración administrativa y de promoción de la actividad económica”, derivado del proyecto de ley “Omnibus” e impulsada por La Generalitat de Cataluña. Dicha ley se contempla como un paquete de medidas para impulsar y agilizar el crecimiento económico en el sector servicios; con el fin de adaptarse a la directiva Bolkestein que pretende liberalizar la circulación de servicios dentro de la Unión Europea. 

Este proyecto de ley da a la Generalitat de Cataluña la oportunidad de modificar la legislación excesivamente restrictiva y proteccionista que hasta ahora se ha aplicado a las medianas y grandes superficies comerciales en Cataluña.

“Actualmente solo se pueden realizar aperturas de medinas superficies comerciales (800m2 – 2.500m2 de superficie de venta) en las TUC (trama urbana consolidada) de capitales de comarca o poblaciones con más de 5.000 habitantes. En el caso de grandes superficies comerciales (a partir de 2.500m2 de superficie de venta) solo se podrán implantar en las TUC de capitales de comarca o poblaciones con más de 50.000 habitantes.”

Para nuestra sorpresa el anteproyecto no solo no avanza en el aspecto de la libre competencia de mercado que promulga la directiva Bolkestein, sino que pone mayores trabas a las superficies comerciales, mediante la supresión de  las excepciones previstas en la ley de equipamientos comerciales para la implantación de medianas y grandes superficies fuera de las TUC.

Nos preocupa que en el contexto actual de crisis económica  se continúen poniendo trabas a la apertura de nuevas superficies comerciales en Cataluña, con todo el potencial económico que ello conlleva. Actualmente se estima que los grandes grupos de distribución tienen aproximadamente 900 millones de € bloqueados para invertir en Cataluña. ¿Se imaginan cuantos puestos de trabajo se podrían crear con este volumen de inversión, además de revitalizar el consumo y el área donde se instalen?

Desde RPM nos cuesta entender el proceder de la Generalitat que se resiste a utilizar la redacción  de la Ley de simplificación, de agilidad y reestructuración administrativa y de promoción de la actividad económica para liberalizar el sector servicios, e incrementar la proyección económica, el empleo y los ingresos de muchas poblaciones Catalanas. Se debería sustituir los límites poblacionales a la implantación de medianas y grandes superficies comerciales  por otros más efectivos al espíritu de la ley; por ejemplo criterios urbanísticos y medioambientales. No es justo privar a ninguna población, por pequeña que sea, a contar con centros y zonas comerciales, con el potencial de desarrollo que ello conlleva.

Esperamos que una vez escuchadas las sugerencias de importantes organismos como la ACCO (asociación catalana de la competencia) y ANGED (la asociación nacional de grandes empresas de distribución) se dé un paso firme para adaptarse a los criterios que marca la directiva Bolkestein, promover la libre competencia y apoyar la recuperación económica en Cataluña y la ley se adapte a las necesidades de los ciudadanos.

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